Promoción de la industria ladrillera, ley 2654
Perros Guías, ley 2658
La ley reglamenta la utilización de animales adiestrados y busca que se les permita el acceso y permanencia en locales comerciales, hoteles, centros turísticos, organismos oficiales, sanitarios e inclusive poder usar el trasporte público de pasajeros.
Por otra parte, la norma dispone multas para los comercios o establecimientos que no admitan el ingreso de los perro guías y estipula sanciones monetarias que van desde 20 a 40 IUS, según la gravedad de la falta. A la vez, contempla obligaciones para el usuario del perro, entre ellas: ser responsable del correcto comportamiento del animal; contratar una póliza de responsabilidad civil de una empresa aseguradora para cubrir eventuales daños y contar en todo momento con la documentación que acredite que el animal ha recibido el adiestramiento adecuado.
La autoridad de aplicación recaerá en la Junta Clasificadora Integral de Discapacidad (JUCAID). Con la sanción de ésta ley, se podrá crear un fondo especial que servirá para financiar campañas informativas orientadas a sensibilizar a sectores como el hotelero, el comercio, el transporte y servicios públicos e informarles sobre todo lo referente a las necesidades de las personas con disminución visual y precisen la ayuda de perros guías. El fondo estará constituido por lo recaudado en concepto de multas, donaciones y demás aportes.
Estos animales se han convertido en un elemento indispensable en el proceso de integración de las personas con discapacidad visual al permitir la eliminación de barreras arquitectónicas.
Locación seca, ley 2267
El proyecto fue presentado por los diputados del MPN Omar Lorenzo, Juan Gómez y Carlos Pacheco ya que es necesario llenar los vacíos legales que actualmente tiene la ley Provincial de Medioambiente -Ley 1875; T.O. Ley Nº 2267-. Por ello, ésta norma promueve la reutilización de los fluidos usados en el proceso de perforación mediante el tratamiento de la fase liquida y sólida evitando el vertido de desechos contaminados con hidrocarburos al ambiente sin un tratamiento previo. Se da un plazo de un año para que el 100% de las perforaciones implementen este tipo tratamiento. Además, las empresas tienen que presentar por única vez un “Estudio de Sensibilidad Ambiental” por cada área de concesión en el cual debe quedar constatada las zonas capaces de amortiguar el impacto ambiental y aptas para el acopio de residuos o deshechos provenientes de la actividad que sean de carácter transitorio para su tratamiento y disposición final. La autoridad de aplicación es la subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y los gastos de control deben erogarse de las empresas concesionarias.
Proyectos
Reclamo por mejor precio del los hidrocarburos
Los diputados Carlos Pacheco, Omar Lorenzo, Juan Gómez y Roxana González, junto a los aliados del interbloque Peronista Federal presentaron un Proyecto de Resolución en el que instan al Ejecutivo Nacional a cumplir con el art. 6 de la Ley 25.561 y así, comenzar a respetar el precio internacional de los hidrocarburos como precio de referencia para el pago de regalías a la provincia. Desde el 2003 a la fecha la provincia perdió 3.200 millones de dólares por el mecanismo de cálculo fijado, cifra equivalente a dos presupuestos provinciales. También se exige que se derogue la resolución 394/07, que afecta directamente el pago de regalías hidrocarburíferas a la provincia por fijar el “precio tope” en 42 dólares por barril. En ese sentido, requiere al Ejecutivo provincial iniciar acciones judiciales para demandar el pago de los diferenciales acumulados.
Modificación Consejo de la Magistratura
19/12/08
Los diputados, de extracción petrolera, Omar Lorenzo, Carlos Pacheco y
Juan Gómez, presentaron un proyecto de ley que propone reformar nueve
artículos de la Ley Provincial Nº 2533, del Consejo de la Magistratura.
Estos artículos son, el 4, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 28. El objetivo principal de estas modificaciones es, dotar de transparencia a un órgano extrapoder tan importante como es el Consejo de la Magistratura, del cual depende la designación de los jueces y funcionarios, que tienen a su cargo nada más y nada menos, que la administración de la justicia neuquina.
Una de las reformas introducidas apunta al proceso de remoción de los consejeros. En este proyecto se propone que una vez recepcionada por el Consejo de la Magistratura, una denuncia en contra de uno de sus integrantes, ésta sea enviada inmediatamente al Sr. Fiscal de Estado, es decir que se le de vista previa, para que esta denuncia en caso de que sea formulada por un ciudadano común, pueda ser encuadrada y dotada de fuerza por el fiscal. Hasta el momento, la figura del fiscal era tenida en cuenta solamente si la denuncia era declarada admisible por el mismo cuerpo.
Actualmente, en el Art. 18 de la actual ley 2533, las designaciones pueden ser recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia, pero en el proyecto presentado por los legisladores Pacheco, Gómez y Lorenzo, se propone que puedan ser impugnadas por vía de acción autónoma. Es decir, que las designaciones pueden ser rechazadas judicialmente sin necesidad de agotar la vía administrativa e ir por vía recursiva, para evitar que los planteos sean resueltos extemporáneamente.
Estos artículos son, el 4, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 28. El objetivo principal de estas modificaciones es, dotar de transparencia a un órgano extrapoder tan importante como es el Consejo de la Magistratura, del cual depende la designación de los jueces y funcionarios, que tienen a su cargo nada más y nada menos, que la administración de la justicia neuquina.
Una de las reformas introducidas apunta al proceso de remoción de los consejeros. En este proyecto se propone que una vez recepcionada por el Consejo de la Magistratura, una denuncia en contra de uno de sus integrantes, ésta sea enviada inmediatamente al Sr. Fiscal de Estado, es decir que se le de vista previa, para que esta denuncia en caso de que sea formulada por un ciudadano común, pueda ser encuadrada y dotada de fuerza por el fiscal. Hasta el momento, la figura del fiscal era tenida en cuenta solamente si la denuncia era declarada admisible por el mismo cuerpo.
Actualmente, en el Art. 18 de la actual ley 2533, las designaciones pueden ser recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia, pero en el proyecto presentado por los legisladores Pacheco, Gómez y Lorenzo, se propone que puedan ser impugnadas por vía de acción autónoma. Es decir, que las designaciones pueden ser rechazadas judicialmente sin necesidad de agotar la vía administrativa e ir por vía recursiva, para evitar que los planteos sean resueltos extemporáneamente.
Otro
de los puntos reformados es el plazo del concurso, planteándose que
estos sean de sesenta (60) días, quince (15) más que en la ley vigente.
Esto se fundamenta en que en la mayoría de los 18 concursos llevados
hasta el momento hubo que prorrogar los plazos, por ello este proyecto
propone que es prudente asimilar el tiempo de la ley para la
tramitación de todo procedimiento concursal, con el que la Legislatura
Provincial cuenta para prestar acuerdo y, de esta manera evitar la
recurrente extensión de los mismos.
Pero las modificaciones más innovadoras que plantea esta iniciativa se encuentran en todas las instancias de evaluación, desde los antecedentes, la fase técnica (que incluye el examen oral y escrito), hasta la entrevista personal. En todas ellas, se busca disminuir la discrecionalidad de los consejeros, ya que todos los puntajes puestos en cada etapa deberán entregarse en sobre cerrado con la certificación de la actuaria y recién serán abiertos en la etapa de la Evaluación General. Esto implica que ningún consejero conocerá la calificación de los postulantes antes de terminar las etapas, erradicando de esta forma posibles especulaciones. Luego, ya en la parte final, que es la Evaluación General, se realizará el orden de mérito de los postulantes.
Estas y otras modificaciones introducidas por el proyecto de ley de los diputados petroleros, tienen como objetivo principal lograr mayor credibilidad en el desarrollo de los concursos y jerarquizar las designaciones de quienes tendrán la responsabilidad de manejar la justicia para todos los ciudadanos. Cabe aclarar que esta iniciativa cuenta con adhesiones de los distintos diputados integrantes del bloque, entre ellos el de la legisladora Graciela Castañón.
Pero las modificaciones más innovadoras que plantea esta iniciativa se encuentran en todas las instancias de evaluación, desde los antecedentes, la fase técnica (que incluye el examen oral y escrito), hasta la entrevista personal. En todas ellas, se busca disminuir la discrecionalidad de los consejeros, ya que todos los puntajes puestos en cada etapa deberán entregarse en sobre cerrado con la certificación de la actuaria y recién serán abiertos en la etapa de la Evaluación General. Esto implica que ningún consejero conocerá la calificación de los postulantes antes de terminar las etapas, erradicando de esta forma posibles especulaciones. Luego, ya en la parte final, que es la Evaluación General, se realizará el orden de mérito de los postulantes.
Estas y otras modificaciones introducidas por el proyecto de ley de los diputados petroleros, tienen como objetivo principal lograr mayor credibilidad en el desarrollo de los concursos y jerarquizar las designaciones de quienes tendrán la responsabilidad de manejar la justicia para todos los ciudadanos. Cabe aclarar que esta iniciativa cuenta con adhesiones de los distintos diputados integrantes del bloque, entre ellos el de la legisladora Graciela Castañón.
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