Gestión
El 28 de Septiembre de 2009, el diputado Carlos Pacheco, presidente de la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones invitó a debatir el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales que proponía regular el ejercicio de los medios de comunicación. El mismo, contó con la presencia del subsecretario de Presidencia de la Nación, Gustavo López, y el coordinador general del COMFER, Luis Lázaro. Participaron del debate los diputados nacionales Hugo Acuña –MPN- y Hugo Prieto –Concertación y distintas organizaciones sociales, de comunidades indígenas, empresarios, trabajadores, gremios y organizaciones relacionadas con la actividad.
Debate sobre proyecto de minería
“Desde el gobierno provincial se privilegia una política de grado cero de contaminación”, afirmó Carlos Portilla, director provincial de Minería. Lo hizo en la comisión de Hidrocarburos de la Legislatura, precidida por el Diputado Carlos Pacheco, que comenzó a debatir tres proyectos para regular la actividad minera en la provincia. El funcionario destacó la necesidad de establecer “reglas claras para cuidar el recurso hídrico” y en acentuar la capacidad del Estado para prevenir. En tanto, Pacheco, se pronunció para consensuar un único despacho que incluya medidas sustentables y el cuidado del medioambiente. Dos proyectos presentados por Rodolfo Canini plantean prohibir la explotación metalífera a cielo abierto y un tercero, de Hugo Goncalves, propone crear los controles necesarios para evitar el uso de mercurio puro y de soluciones de ácido sulfúrico o cianuro en el proceso productivo.
En la ocasión, participaron de la reunión semanal del cuerpo Ricardo Esquivel, coordinador de Medio Ambiente; Julio Anguita, director provincial de Medio Ambiente, y Betina Laurezano, fiscalizadora de Recursos Hídricos.
Esquivel explicó que la provincia busca aprobar proyectos mineros “equilibrados y sustentables”. Afirmó que es cierto que los emprendimientos impactan en el medio ambiente pero aclaró que existen métodos y tecnologías para procurar que no contaminen. Puso como ejemplo de gestión la explotación del Cerro Vanguardia en Santa Cruz. Al respecto, indicó que incorporó un sistema de líquidos afluentes cerrado y el agua que se recicla se utiliza para abastecer un parque forestal propio. “Desde el Estado nos tenemos que preocupar por llegar a aplicar ese grado de tecnología”, agregó.
Por su parte, Portilla se mostró a favor de una legislación que regule pero que no prohíba. Recordó que existen métodos de remediación minera establecidos por leyes nacionales y provinciales. Sobre los controles, informó que antes de iniciarse cualquier emprendimiento minero en la provincia, primero debe estar aprobado un informe de impacto ambiental extendido. También se pronunció a favor de incentivar los controles ambientales participativos.
En relación a los puestos laborales, afirmó que la construcción de la mina empleará aproximadamente mil personas en un año. Remarcó que el emprendimiento tiene previsto incorporar a 600 trabajadores y extender las actividades extractivas y productivas por un lapso de 20 años. En referencia a los 35 puestos mencionados por Canini, respondió que forman parte de un grupo de trabajadores contratados por tres meses para analizar si la mina es viable.
Debate en la comisión "J" del proyecto de
ley de Servicios Audiovisuales
ley de Servicios Audiovisuales
El 28 de Septiembre de 2009, el diputado Carlos Pacheco, presidente de la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones invitó a debatir el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales que proponía regular el ejercicio de los medios de comunicación. El mismo, contó con la presencia del subsecretario de Presidencia de la Nación, Gustavo López, y el coordinador general del COMFER, Luis Lázaro. Participaron del debate los diputados nacionales Hugo Acuña –MPN- y Hugo Prieto –Concertación y distintas organizaciones sociales, de comunidades indígenas, empresarios, trabajadores, gremios y organizaciones relacionadas con la actividad.
Despacho por mayoría a la expropiación de la ex Zanón
11/08/09Con nueve votos a favor, la comisión de Hacienda y Presupuesto aprobó esta tarde el despacho por mayoría de expropiación con avenimiento de la fábrica ex Zanón. El apoyo lo dieron los bloques del MPN, Alternativa Neuquina, Servicio y Comunidad, Apertura Popular y UNE – MUN- PS. La extracción radical de la Concertación adelantó que no acompañará la expropiación pero se comprometió a garantizar los dos tercios de votos necesarios para su tratamiento sobre tablas en la sesión de mañana. En tanto, Ariel Kogan, del mismo bloque, firmó un despacho por minoría que condiciona la expropiación al pago de las indemnizaciones para los trabajadores que no integran la cooperativa Fasinpat. El debate giró en torno a la situación financiera de la provincia y las partidas presupuestarias previstas para el corriente año; la construcción de paz social y la reivindicación a los trabajadores que defienden sus fuentes de trabajo.
El presidente de la comisión Rolando Figueroa ratificó que la expropiación de la fábrica es una decisión política del gobernador Jorge Sapag, compromiso asumido al inicio de la gestión. “Con esta ley estamos construyendo paz social”, expresó. La posición del bloque la fijó Darío Mattio quien anticipó el apoyo del bloque mayoritario y anunció la incorporación de un artículo al proyecto en su debate en particular que “convoca a Fasinpat a colaborar con la paz social una vez resuelta la expropiación”. Su par de bancada José Russo advirtió que el MPN no le “tiene miedo a la palabra expropiación” por ser una herramienta prevista en la Constitución Provincial. A la vez, se pronunció a favor de la cultura del trabajo y en ese sentido se preguntó por el valor de la dignidad de los obreros que “hicieron el aguante en la fábrica y no en la calle”.
El diputado radical Marcelo Inaudi ratificó la posición de la UCR de no apoyar la iniciativa e informó que “no vamos a poner palos en la rueda” para su tratamiento sobre tablas en el día de mañana. En tanto, José Luis Sáez consideró que la expropiación no aporta una solución definitiva. Por su parte, Cecilia Bianchi opinó que la expropiación no debe hacerse a título gratuito para los trabajadores.
Por Alternativa Neuquina, la diputada Soledad Martínez explicó que la expropiación es un modelo que se implementa en el país desde el año 2000 que aporta una salida a las personas que quieren preservar sus fuentes de trabajo ante una situación de quiebra. Valoró a Fasinpat como un modelo de autogestión que demostró “capacidad para producir y tener mercado”. Argumentó que de 150 empresas recuperadas, 50 se hicieron a través de un proceso de expropiación.
A su vez, Paula Sánchez reconoció que hasta hace unos años no había posibilidad de debatir un proyecto que solucione la situación de la fábrica ceramista. Rodolfo Canini avaló la iniciativa del poder Ejecutivo e ironizó sobre críticas vertidas al procedimiento. “No hay ni una pandemia de expropiaciones ni estamos ante el surgimiento de una patria socialista”, ilustró.
El Interbloque votó el despacho en forma dividida; Carlos Sánchez y Daniel Baum lo hicieron en forma afirmativa, y Horacio Rachid se pronunció en contra al sostener que no hay presupuesto que sostenga la partida de 23 millones de pesos destinada a Fasinpat. Por su parte, Baum dijo que “es un precio razonable para preservar las fuentes de trabajo de más de 400 familias".
El presidente de la comisión Rolando Figueroa ratificó que la expropiación de la fábrica es una decisión política del gobernador Jorge Sapag, compromiso asumido al inicio de la gestión. “Con esta ley estamos construyendo paz social”, expresó. La posición del bloque la fijó Darío Mattio quien anticipó el apoyo del bloque mayoritario y anunció la incorporación de un artículo al proyecto en su debate en particular que “convoca a Fasinpat a colaborar con la paz social una vez resuelta la expropiación”. Su par de bancada José Russo advirtió que el MPN no le “tiene miedo a la palabra expropiación” por ser una herramienta prevista en la Constitución Provincial. A la vez, se pronunció a favor de la cultura del trabajo y en ese sentido se preguntó por el valor de la dignidad de los obreros que “hicieron el aguante en la fábrica y no en la calle”.
El diputado radical Marcelo Inaudi ratificó la posición de la UCR de no apoyar la iniciativa e informó que “no vamos a poner palos en la rueda” para su tratamiento sobre tablas en el día de mañana. En tanto, José Luis Sáez consideró que la expropiación no aporta una solución definitiva. Por su parte, Cecilia Bianchi opinó que la expropiación no debe hacerse a título gratuito para los trabajadores.
Por Alternativa Neuquina, la diputada Soledad Martínez explicó que la expropiación es un modelo que se implementa en el país desde el año 2000 que aporta una salida a las personas que quieren preservar sus fuentes de trabajo ante una situación de quiebra. Valoró a Fasinpat como un modelo de autogestión que demostró “capacidad para producir y tener mercado”. Argumentó que de 150 empresas recuperadas, 50 se hicieron a través de un proceso de expropiación.
A su vez, Paula Sánchez reconoció que hasta hace unos años no había posibilidad de debatir un proyecto que solucione la situación de la fábrica ceramista. Rodolfo Canini avaló la iniciativa del poder Ejecutivo e ironizó sobre críticas vertidas al procedimiento. “No hay ni una pandemia de expropiaciones ni estamos ante el surgimiento de una patria socialista”, ilustró.
El Interbloque votó el despacho en forma dividida; Carlos Sánchez y Daniel Baum lo hicieron en forma afirmativa, y Horacio Rachid se pronunció en contra al sostener que no hay presupuesto que sostenga la partida de 23 millones de pesos destinada a Fasinpat. Por su parte, Baum dijo que “es un precio razonable para preservar las fuentes de trabajo de más de 400 familias".
Debate sobre proyecto de minería
02/09/09
En la ocasión, participaron de la reunión semanal del cuerpo Ricardo Esquivel, coordinador de Medio Ambiente; Julio Anguita, director provincial de Medio Ambiente, y Betina Laurezano, fiscalizadora de Recursos Hídricos.
Esquivel explicó que la provincia busca aprobar proyectos mineros “equilibrados y sustentables”. Afirmó que es cierto que los emprendimientos impactan en el medio ambiente pero aclaró que existen métodos y tecnologías para procurar que no contaminen. Puso como ejemplo de gestión la explotación del Cerro Vanguardia en Santa Cruz. Al respecto, indicó que incorporó un sistema de líquidos afluentes cerrado y el agua que se recicla se utiliza para abastecer un parque forestal propio. “Desde el Estado nos tenemos que preocupar por llegar a aplicar ese grado de tecnología”, agregó.
Por su parte, Portilla se mostró a favor de una legislación que regule pero que no prohíba. Recordó que existen métodos de remediación minera establecidos por leyes nacionales y provinciales. Sobre los controles, informó que antes de iniciarse cualquier emprendimiento minero en la provincia, primero debe estar aprobado un informe de impacto ambiental extendido. También se pronunció a favor de incentivar los controles ambientales participativos.
En relación a los puestos laborales, afirmó que la construcción de la mina empleará aproximadamente mil personas en un año. Remarcó que el emprendimiento tiene previsto incorporar a 600 trabajadores y extender las actividades extractivas y productivas por un lapso de 20 años. En referencia a los 35 puestos mencionados por Canini, respondió que forman parte de un grupo de trabajadores contratados por tres meses para analizar si la mina es viable.
Líneas de telefonía en zona norte
Laffite fue invitado para conocer las gestiones iniciadas por el Ejecutivo para promover la telefonía móvil en la zona norte de la provincia. Según un proyecto de resolución presentado por el diputado Rodolfo Canini, de UNE-MUN-PS, 47 localidades y parajes de los departamentos Chos Malal, Minas, Ñorquín y Pehuenches se encuentran incomunicados. Sobre el tema, Laffite informó que uno de los principales problemas técnicos en la zona es “la sombra que producen los cerros, que corta la señal”. Por caso, explicó que en Tricao Malal recién hay señal a 3 km de la localidad por la proximidad del “Cerro Negro”.
En otro orden, la comisión dio despacho por mayoría al régimen de “Control de Sólidos y Locación Seca”. En tanto que su presidente, Carlos Pacheco, adelantó que la semana próxima se comenzará a analizar tres proyectos sobre minería.
Se analizó en la comisión de Medioambiente
el proyecto de "locación seca"
el proyecto de "locación seca"
26/08/09
El proyecto pertenece a los diputados del MPN Omar Lorenzo, Juan Gómez y Carlos Pacheco y destaca que actualmente es necesario llenar los vacíos legales de la normativa -Ley 1875; T.O. Ley Nº 2267- y promover la innovación en el control de variables ambiental a partir de la reutilización de los fluidos usados en el proceso de perforación. Aclara el proyecto que mediante el tratamiento de la fase liquida y sólida se puede evitar el vertido de desechos contaminados con hidrocarburos al ambiente sin un tratamiento previo.
Según la normativa, en el lapso de un año el 100% de las perforaciones deben implementar este tipo tratamiento. Además, las empresas tienen que presentar por única vez un “Estudio de Sensibilidad Ambiental” por cada área de concesión en el cual debe quedar constatada las zonas capaces de amortiguar el impacto ambiental y aptas para el acopio de residuos o deshechos provenientes de la actividad que sean de carácter transitorio para su tratamiento y disposición final.
Uso de perros guías para ciegos
26/05/09
Para mejorar la circulación de personas con disminución visual en espacios públicos y garantizar su libre acceso, los diputados del MPN, Carlos Pacheco, Omar Lorenzo y Juan Gómez, presentaron un proyecto de ley de “perros guías para personas con necesidades especiales”. La iniciativa, fue acompañada por sus pares del MPN y por legisladores de los bloques de la Concertación y UNE-MUN-PS, reglamenta la utilización de animales adiestrados que permitan el acceso y permanencia de dichas personas en locales comerciales, hoteles, centros turísticos, organismos oficiales, sanitarios e inclusive poder usar el trasporte público de pasajeros.
El proyecto dispone multas para los comercios o establecimientos que no admitan el ingreso de los perro guías y estipula sanciones monetarias que van desde 20 a 40 IUS, según la gravedad de la falta. A la vez, contempla obligaciones para el usuario del perro, entre ellas: ser responsable del correcto comportamiento del animal; contratar una póliza de responsabilidad civil de una empresa aseguradora para cubrir eventuales daños y contar en todo momento con la documentación que acredite que el animal ha recibido el adiestramiento adecuado.
La autoridad de aplicación recaerá en la Junta Clasificadora Integral de Discapacidad (JUCAID). Además, la iniciativa prevé la creación de un fondo especial que servirá para financiar campañas informativas orientadas a sensibilizar a sectores como el hotelero, el comercio, el transporte y servicios públicos e informarles sobre todo lo referente a las necesidades de las personas con disminución visual y precisen la ayuda de perros guías. El fondo estará constituido por lo recaudado en concepto de multas, donaciones y demás aportes.
En sus fundamentos explica que es imprescindible incorporar la figura del perro guía para que las personas con disminución visual puedan ejercer su derecho a la libre accesibilidad en forma plena. Destaca que el animal se ha convertido en un elemento indispensable en el proceso de integración de las personas con discapacidad visual al permitir la eliminación de barreras arquitectónicas. Aclara que para la elaboración del proyecto se toma como referencia las leyes que se encuentran vigentes en España y la Ley nacional 19.284 y 20.025.
El proyecto dispone multas para los comercios o establecimientos que no admitan el ingreso de los perro guías y estipula sanciones monetarias que van desde 20 a 40 IUS, según la gravedad de la falta. A la vez, contempla obligaciones para el usuario del perro, entre ellas: ser responsable del correcto comportamiento del animal; contratar una póliza de responsabilidad civil de una empresa aseguradora para cubrir eventuales daños y contar en todo momento con la documentación que acredite que el animal ha recibido el adiestramiento adecuado.
La autoridad de aplicación recaerá en la Junta Clasificadora Integral de Discapacidad (JUCAID). Además, la iniciativa prevé la creación de un fondo especial que servirá para financiar campañas informativas orientadas a sensibilizar a sectores como el hotelero, el comercio, el transporte y servicios públicos e informarles sobre todo lo referente a las necesidades de las personas con disminución visual y precisen la ayuda de perros guías. El fondo estará constituido por lo recaudado en concepto de multas, donaciones y demás aportes.
En sus fundamentos explica que es imprescindible incorporar la figura del perro guía para que las personas con disminución visual puedan ejercer su derecho a la libre accesibilidad en forma plena. Destaca que el animal se ha convertido en un elemento indispensable en el proceso de integración de las personas con discapacidad visual al permitir la eliminación de barreras arquitectónicas. Aclara que para la elaboración del proyecto se toma como referencia las leyes que se encuentran vigentes en España y la Ley nacional 19.284 y 20.025.
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